No hay ni uno, ni dos motivos concretos, sino que son muchas ya y variadas las razones que están llevando a distintos tribunales a anular temporalmente Zonas de Bajas Emisiones ya en vigor o aprobadas por ordenanzas municipales. Desde defectos de forma en sus tramitaciones a ausencias de informes de impacto económico o de evaluaciones de contaminación, pasando por la consideración de ser discriminatorias: al tiempo que aumentan los recursos, se incrementan también las sentencias en contra de estas áreas protegidas con restricciones de circulación, obligando ya a que toda propuesta o estudio de creación de nueva ZBE deba de ser revisada ya profundamente para evitar que la Justicia la tumbe. Y de momento solo hay en funcionamiento un tercio de las más de 150 que tienen que estar obligatoriamente implementadas antes de final de año.
Hasta 13 sentencias han anulado ya al menos estas 8 Zonas de Bajas Emisiones en España
En concreto, ya son hasta 13 las sentencias que han creado precedentes que llevan a pensar que la mayoría de nuevas ZBE pueden contener los mismos defectos desde su origen. Estos dictámenes han sido ya emitidos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Madrid, Asturias, Extremadura y Castilla y León, anulando temporalmente las Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona, Madrid, Gijón, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adriá de Besós, Segovia y Ávila.
Sin embargo, no van a ser las últimas ni mucho menos. Nuevos recursos, ya anunciados por plataformas como la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), la Asociación para la Defensa de la Movilidad, Medio Ambiente y Patrimonio de Extremadura (DEMOMAPEX), o los colectivos “No ZBE Manresa” y “Salvar Torrelavega de una ZBE Ruinosa”, amenazan con tumbar más proyectos, al igual que los recursos que sigue presentando en el País Vasco el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN).
Las ZBE "tienen los días contados en España" por ser discriminatorias
El RACVN, tras recurrir ya las ZBE de San Sebastián y Bilbao, anunció ayer mismo que ha decidido llevar ya también ante los tribunales la Zona de Bajas Emisiones de Vitoria, “por su carácter discriminatorio para las clases humildes que no pueden comprarse un coche menos contaminante y por malinterpretar la normativa europea y el carácter restrictivo de la medida sobre la libertad de movimientos de la ciudadanía”.
El RACVN, precisamente, está siendo uno de los grandes opositores a estas restricciones en España, asegurando hace unas semanas que “las Zonas de Bajas Emisiones tienen los días contados en España”. Su presidente, Pedro Martínez de Artola, subrayó que “por rectificación política o, más probablemente, por la vía judicial”, las ZBE “tienen los días contados también aquí. La medida es clasista y perjudica especialmente a los hogares con ingresos más bajos. Hay una falta de proporcionalidad de las restricciones y suponen un ataque a un derecho fundamental como es la libertad de movilidad”.
Francia ya las ha eliminado todas por decisión política: castigan a las rentas bajas
Desde la organización además apuntan a la extensión de un conflicto que ha llevado ya directamente a Francia a eliminar todas las zonas de bajas emisiones comprometidas ya en el país, tras una votación en la Asamblea Nacional donde se consideró que “penalizaban a los hogares de bajos ingresos”. Desde el RACVN consideran que esta decisión de Francia “abre una puerta a la posible abolición de las Zonas de Bajas Emisiones también en España, ya que coincide con los argumentos que defendemos en los recursos que estamos presentando contra algunas de estas iniciativas, como en San Sebastián, Bilbao o Vitoria”.
Estos argumentos además empiezan a ser avalados por los primeros informes de resultados conocidos con algunas Zonas de Bajas Emisiones pioneras. Según informó hace días por ejemplo la Cadena Ser, el 25% del total de multas relacionadas en la ciudad de Barcelona con la nueva ZBE se han registrado en el distrito de Nou Barris, que es el segundo con menor renta media de todos. La propia jefa de Movilidad del Instituto Metropolitano de Barcelona, Núria Pérez, ha confirmado que hay “una relación directa con la renta, ya que las familias con más recursos son las que pueden evidentemente renovar sus vehículos con más facilidad y evitar las sanciones”.
En este sentido también se ha pronunciado ya la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), considerando que las ZBE pueden terminar generando graves perjuicios en la ciudadanía, algo que aseguran que está empezando ya a ocurrir. “Toda activación debe acompañarse de una mejora integral del transporte público, de la ampliación de la infraestructura dedicada a la movilidad activa y de una planificación estratégica que permita una transición eficiente y equitativa” entre la población, ha solicitado la organización.
